El Área Pública de CCOO de Andalucía, compuesta por las federaciones de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, Enseñanza y de Servicios a la Ciudadanía, ha propuesto desde hace meses en distintos foros, como el Parlamento de Andalucía, la Consejería de Hacienda y Administración Pública y la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, la apertura de un proceso de negociación entre el Gobierno andaluz y los sindicatos más representativos para alcanzar un acuerdo que calendarice el proceso de recuperación de los derechos laborales y salariales que se han visto gravemente menoscabados en los últimos años.
Hasta el día de hoy, la respuesta de la Administración andaluza ha sido, en el mejor de los casos, evasiva y ha llegado el momento, cuando los indicadores económicos comienzan a mejorar, tal y como manifiesta la Administración andaluza, de seguir la senda que ya están marcando otras comunidades autónomas, gobernadas por el Partido Popular, que han establecido acuerdos de recuperación de derechos perdidos con las organizaciones sindicales mayoritarias, como es el caso del País Valenciano, Castilla y León y Extremadura.
Ante este panorama, el coordinador del Área Pública, Humberto Muñoz, ha remitido un escrito a la consejera de Hacienda y Administración Pública, Mª Jesús Montero, a través del cual le pide que "deje de ir a remolque" de la coyuntura y apueste "de manera inmediata" por la supervivencia y el desarrollo de los servicios públicos, como garantes de políticas sociales diferenciadoras que hagan de Andalucía el motor del cambio y garanticen el Estado social.
Los recortes de financiación que ha sufrido la sanidad pública, la atención a las personas dependientes, la educación pública, la Administración de Justicia, la Administración Local y, en general, el conjunto de la Administración pública de la Junta de Andalucía, se han visto acompañados de una incomprensible pasividad del Gobierno autónomo en la defensa del propio modelo de prestación de servicios públicos que, hasta hace unos pocos años, venía disfrutando la ciudadanía andaluza. El sector público andaluz ha sufrido con "especial crudeza" los ajustes impuestos desde el Gobierno estatal, traducidos miméticamente por el Gobierno andaluz en el Plan de Reequilibrio Económico y Financiero, que se aplica desde 2012 sin consenso con los agentes sociales.
