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Se muestran los artículos pertenecientes a Febrero de 2013.

Sueldos pùblicos,empleos privados.

El hospital Puerta de Hierro, en Majadahonda, que atiende a algo más de medio millón de madrileños, es el primero en el que la Comunidad de Madrid ha empezado a aplicar lo que llama “externalización de servicios no sanitarios”. El Gobierno regional pretende, poco a poco, ir prescindiendo de los trabajadores de las cocinas, la lavandería, la limpieza, administración, mantenimiento... Y pagar a empresas para que se ocupen de prestar esos servicios. Hoy es el último día de los 400 empleados públicos no sanitarios del Puerta de Hierro. Sanidad recolocará en otros hospitales a los 220 fijos y despedirá a los 180 interinos, algo por lo que protestan hoy con una huelga. Son trabajadores a los que ha estado pagando la nómina los últimos cuatro años pese a que, en realidad, trabajaban para la concesionaria que presta los servicios no sanitarios al hospital.

Sueldos públicos para empleos privados. Una anomalía que ahora, cuando empieza la “externalización”, es necesario regularizar. Entre finales de 2008 y diciembre de 2011, la Comunidad de Madrid pagó casi 11 millones de euros en sueldos, pese a que al mismo tiempo pagaba un canon a la empresa concesionaria que le daba el servicio con esos y otros trabajadores. Sanidad ha abierto un expediente administrativo para cobrar el dinero que le ha estado adelantando a la concesionaria, tal y como publicó este diario ayer. Pero no es el único caso de nóminas pagadas con dinero público que revierten en la privada. Sanidad también ha estado al menos cuatro años abonando los salarios de cerca de un centenar de trabajadores del centro de especialidades de Argüelles, en la calle Quintana de Madrid, pese a estar gestionado por la Fundación Jiménez Díaz, propiedad de la empresa Capio Sanidad.

Ambas son situaciones insólitas cuyo origen está en el traslado del hospital Puerta de Hierro de su emplazamiento original, en Moncloa-Aravaca, a un nuevo edificio en Majadahonda, a finales de 2008. Se hizo mediante una concesión de obra pública: una empresa construía el edificio y gestionaba todo lo no sanitario a cambio de un canon anual. Es decir, se privatizaba parcialmente la gestión. Pese a ello, la Consejería de Sanidad acordó con los sindicatos que los trabajadores no sanitarios del antiguo Puerta de Hierro podrían seguir en el nuevo. Lo que no ha hecho hasta este año —y no está claro cuánto tardará en hacer efectivo el abono— es restar a la concesionaria las nóminas que ha estado pagando por esos empleados.

Algo parecido sucedió con Argüelles. Al llevarse el Puerta de Hierro fuera de Madrid, Sanidad cedió a Capio el edificio de Argüelles para que instalara a su personal y pasara a atender a los habitantes de la zona. Pero permitió que 98 personas (médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio, celadores, administrativos...) se quedaran allí. Trabajaban bajo gestión de Capio, pero cobraban de la Administración. Sanidad asegura que, a diferencia de la concesionaria, ha estado exigiendo a Capio que se lo compensara anualmente.

La Fundación Jiménez Díaz cobra a la Administración por cada proceso que atiende (consultas, pruebas, operaciones...). Para calcular cuánto suponen los 98 trabajadores públicos, “se cuantificó qué actividad clínica realizaban, con precios públicos por consulta, prueba de rayos, etcétera”, explica una portavoz de Sanidad. Ese cálculo puede funcionar para el personal sanitario, pero no para el no sanitario (32 personas). “La cantidad resultante se le deduce a la Jiménez Díaz de la liquidación”, afirma la portavoz, pero a petición de EL PAÍS no aporta cifras y señala que el acuerdo fue verbal y que por eso no se puede consultar ningún documento que lo recoja. Un portavoz de Capio precisó ayer que Sanidad le resta un millón de euros del canon anual por esos trabajadores. Según un cálculo aproximado de este diario, los sueldos ascenderían al menos a 2,6 millones al año.

La Consejería de Sanidad admite que estas situaciones anómalas derivan de decisiones que se tomaron durante el traslado del Puerta de Hierro para “evitar la conflictividad laboral”. Según sus explicaciones, el pago de las nóminas de los 98 trabajadores de Argüelles se compensó desde el primer momento, pero no ha sucedido así con la concesionaria del Majadahonda. El expediente administrativo, iniciado porque la empresa no estaba de acuerdo con la cantidad que le reclamaba Sanidad, le reclama 7,9 millones —resultan de restar de los 10,8 millones de las nóminas otros gastos que Sanidad pidió a la concesionaria (subrogarse la contrata de limpieza y la de la cafetería, entre ellos)— por algo más de tres años. El ejercicio 2012 aún no está cerrado ni contabilizado. Podría suponer otros tres millones de euros.

Algo parecido sucedió con Argüelles. Al llevarse el Puerta de Hierro fuera de Madrid, Sanidad cedió a Capio el edificio de Argüelles para que instalara a su personal y pasara a atender a los habitantes de la zona. Pero permitió que 98 personas (médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio, celadores, administrativos...) se quedaran allí. Trabajaban bajo gestión de Capio, pero cobraban de la Administración. Sanidad asegura que, a diferencia de la concesionaria, ha estado exigiendo a Capio que se lo compensara anualmente.

La Fundación Jiménez Díaz cobra a la Administración por cada proceso que atiende (consultas, pruebas, operaciones...). Para calcular cuánto suponen los 98 trabajadores públicos, “se cuantificó qué actividad clínica realizaban, con precios públicos por consulta, prueba de rayos, etcétera”, explica una portavoz de Sanidad. Ese cálculo puede funcionar para el personal sanitario, pero no para el no sanitario (32 personas). “La cantidad resultante se le deduce a la Jiménez Díaz de la liquidación”, afirma la portavoz, pero a petición de EL PAÍS no aporta cifras y señala que el acuerdo fue verbal y que por eso no se puede consultar ningún documento que lo recoja. Un portavoz de Capio precisó ayer que Sanidad le resta un millón de euros del canon anual por esos trabajadores. Según un cálculo aproximado de este diario, los sueldos ascenderían al menos a 2,6 millones al año.

La Consejería de Sanidad admite que estas situaciones anómalas derivan de decisiones que se tomaron durante el traslado del Puerta de Hierro para “evitar la conflictividad laboral”. Según sus explicaciones, el pago de las nóminas de los 98 trabajadores de Argüelles se compensó desde el primer momento, pero no ha sucedido así con la concesionaria del Majadahonda. El expediente administrativo, iniciado porque la empresa no estaba de acuerdo con la cantidad que le reclamaba Sanidad, le reclama 7,9 millones —resultan de restar de los 10,8 millones de las nóminas otros gastos que Sanidad pidió a la concesionaria (subrogarse la contrata de limpieza y la de la cafetería, entre ellos)— por algo más de tres años. El ejercicio 2012 aún no está cerrado ni contabilizado. Podría suponer otros tres millones de euros.

La polémica cesión de Argüelles

E. G. S.

La cesión del centro de especialidades de Argüelles a Capio a finales de 2008 fue muy controvertida. En el edificio, de siete plantas y propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Madrileño de Salud atendía a una población de 250.000 personas. A partir del 1 de enero de 2009, la Comunidad de Madrid se lo cedió a la Fundación Jiménez Díaz (propiedad de Capio) para que instalara allí sus consultas. Organizaciones como la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM) criticaron el hecho de que la Comunidad cediera un edificio público del antiguo Insalud a “una empresa privada con ánimo de lucro”. Apelaba al Real Decreto 1479/2001 según el cual “los bienes inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social” revertirán al Estado “en el caso de no uso o cambio de destino para el que se adscriben”.

Aquella cesión procedía de un acuerdo secreto que firmaron en 2006 la Consejería de Sanidad —el titular era entonces Manuel Lamela— y Capio. El pacto, al que no se dio ninguna publicidad y que este diario desveló en 2008, consistía en que la Comunidad de Madrid transferiría a la Fundación Jiménez Díaz la atención sanitaria de más de 400.000 habitantes de Madrid. La fórmula jurídica fue un concierto sanitario que permitía a Capio hacerse cargo de dos grandes ambulatorios, Pontones y Argüelles. El primero atendía a población asignada hasta entonces al hospital 12 de Octubre. Por primera vez, un centro de especialidades se cedía a una empresa privada. Los médicos de Capio se instalaron en Pontones unos meses antes, en abril de 2008.

Los pagos que hizo la Comunidad de Madrid a la Jiménez Díaz aumentaron un 50% entre 2006 (140 millones) y 2009 (209 millones).

Un saludo a todos (348 dias ya falta menos)

04/02/2013 13:16 Germàn #. sin tema

Salvador somos todos

Me he enterado de que Salvador ha sido denunciado por los hechos acaecidos en rayos hace algún tiempo.

Honestamente creo que dio la cara por nosotros y el paciente en una situación que siempre se repite con determinados “profesionales” en el servicio de rayos.

Todos conocéis los hechos.

Fue insultado y luego agredido y ahora resulta que es él el denunciado.

La bajeza moral del denunciante es tal que seguramente Salvador será condenado a pagar una fuerte indemnización, cuando fue el supuesto profesional quien actuó de forma indigna, prepotente y chulesca.

Haceros una idea de lo que vale un día de trabajo de un enfermero multiplicado por los días que estuvo descaradamente de baja.

Si el juez no le remedia y espero que así sea, es decir que se haga justicia, la cifra puede ser astronómica.

Desde aquí mi apoyo a Salva, que tenga suerte, que se haga justicia y si no es así propongo crear una caja solidaria para hacer frente a la indemnización, porque en este caso “Salvador somos todos”. 

Siempre nos quejamos de que no dan la cara por nosotros, es el momento de darla por él.

Saludos

 

 

04/02/2013 18:41 husceladoropina #. sin tema


AHORA EL ÙLTIMO SEMESTRE

La consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucia,Maria Jesus Montero,confirmò ayer en cuanto al hospital del Parque Tecnologico de la Salud,,dijo que no hay novedad sobre el equipamiento y que se continua con el dialogo competitivo con las tres empresas aspirantes.Tampoco dijò cuando se recepcionarà la obra,en cuanto a los plazos,reiterò que serà 2014 el año de la apertura pero ayer hablò ya del ùltimo semestre,del final de año,por la cautela ante retrasos en el equipamiento.

Un saludo a todos

08/02/2013 22:14 Germàn #. sin tema

¿ EN QUE PAIS VIVIMOS ?

 

He recibido de un buen amigo esta corta, pero impactante reflexión, que se aplica a cualquier país del mundo... 
 
 

1- El ladrón vulgar te roba: El dinero, el reloj, la cadena, la cartera, el coche y/o el móvil.
 
2- El político te roba: La felicidad, la salud, la vivienda, la
educación, la pensión, y/o el trabajo.
 
3- El primer ladrón te elige a ti...   
     y al segundo ladrón: LO ELIGES TÚ...
 
Analiza y Piensa...

 

SALUDOS A TODOS MENOS A LOS DE SIEMPRE "LA CASTA"

10/02/2013 11:11 kiyoqueé #. sin tema

Patronal Estatal

10/02/2013 12:01 Juan Antonio #. sin tema

Màs de Màs (Recortes)

El SAS impone otra bajada de sueldo y recorta un 10% la productividad

El complemento se cobrará además fraccionado y según "disponibilidad" de tesorería CSI.F denuncia que no se negocie

S. V. granada | Actualizado 14.02.2013 - 01:00
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Según el sindicato, la realidad aumentará la incertidumbre laboral de los trabajadores.

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El sindicato CSI.F ha denunciado que la Junta de Andalucía recorta de nuevo los salarios del personal del Servicio Andaluz de Salud. Según informa, el SAS va a imponer, sin negociación previa en mesa sectorial, una bajada del Complemento de Rendimiento Profesional, que además será fraccionado "según el flujo de disponibilidad de tesorería", provocando más incertidumbre en los trabajadores y sus familias.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios denunció ayer que con esta medida, la Junta "vuelve a recortar los derechos laborales y salariales del personal del Servicio Andaluz de Salud" al imponer una bajada del 10% en las retribuciones vinculadas a la productividad del personal sanitario. En concreto, el SAS ha impuesto, sin negociación previa en Mesa Sectorial, un recorte del 10% en el Complemento de Rendimiento Profesional (CRP) de 2012, que se debe cobrar en mayo del año corriente y que, según impuso la Administración, será fraccionado "según el flujo de disponibilidad de Tesorería".

Estos recortes en el CRP, que corresponde a objetivos ya logrados por parte del personal sanitario y presupuestados y aprobados por la Administración, puede oscilar según la categoría profesional del trabajador entre los 60 y los 600 euros anuales, más las remanentes correspondientes a cada colectivo (que puede originar otro 15% más de recorte).

Según el presidente del sector de Sanidad de CSI.F Andalucía, Javier Martínez, está medida supone "una nueva vuelta de tuerca al personal sanitario, que sigue recibiendo continuos ataques por parte de la Administración. No podemos consentir otro recorte así y estamos dispuestos a llegar donde haga falta, incluso a los tribunales de Justicia, para reponer este derecho que ahora nos vulneran de esa forma tan injusta, directa y desproporcionada".

Martínez, en este sentido, recordó que el CRT de 2011, como denunció CSI.F , ya se cobró "tarde y mal ya que fue recortado y fraccionado en siete plazos. Ahora incluso se crea más incertidumbre entre el personal sanitario de Andalucía, ya que al hablar de las necesidades de flujo de la Tesorería no fijan ni cuándo ni cómo van a recibir los trabajadores la parte correspondiente a la productividad".

En ese sentido, Javier Martínez insiste en que la Junta de Andalucía "debe eliminar ese nuevo recorte del 10% a los trabajadores sanitarios, que no pueden ni deben recibir más ataques" y, en paralelo, anuncia que CSI.F Andalucía ejercerá todas las medidas legales oportunas para intentar restituir este nuevo ataque contra los empleados públicos.
16/02/2013 17:32 Germàn #. sin tema

Gestión de Incapacidades Temporales

La consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha recordado que esta iniciativa tiene como objetivo ofrecer garantías a los pacientes en sus derechos cuando padecen una enfermedad y requieren de una baja, evitar conflictos con las empresas e impedir los posibles fraudes, así como desburocratizar las consultas de Atención Primaria, puesto que donde está operativa ha conseguido reducir hasta un 66% las consultas que los médicos de familia dedican a solucionar los trámites administrativos derivados de las renovaciones de las bajas laborales de incapacidad temporal.

 

Con el procedimiento habitual, el médico de familia emite parte de baja, los sucesivos de confirmación hasta agotar el tiempo, y el parte de alta, lo que se traduce en unos seis millones de consultas anuales de los médicos de familia y entre un 8% y un 15% del total de consultas que realizan al año, según el centro.

 

Con el nuevo modelo IT21, implantado en 51 centros de Atención Primaria y en el que participan un total de 477 profesionales, se elimina el procedimiento de emisión de los partes de confirmación semanales, promoviendo partes sólo de baja y alta según los tiempos estándares determinados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de tal manera que se evita la variabilidad en las mismas situaciones, se ahorra al paciente desplazamientos innecesarios a por este parte de confirmación y se permite que el médico de familia dedique el tiempo de su consulta a la atención de pacientes y no a labores burocráticas.

 

Ahorro de visitas

 

De hecho, se ha observado que la duración media de las bajas laborales desde la implantación de este proyecto en Andalucía ha bajado más en los centros que trabajan con IT21 que en los que no cuentan con él. Así, la duración de término medio de las bajas en estos centros ha sido, en 2012, de 37,5 días, mientras que en los demás ha sido de 40,7 días.

 

Esto se traduce en que se han ahorrado un total de 369.221 visitas médicas, lo que supone un 66% menos de las que se hubieran producido sin este proyecto. La desviación de la duración de los procesos de incapacidad temporal sobre la duración estándar en los centros del proyecto IT21, ha sido un 32% menor que en los demás centros. De haber estado implantado el proyecto IT 21 en todo el sistema sanitario público de Andalucía, se habrían ahorrado unas 3,5 millones de citas médicas.

 

Modificación de la normativa estatal

 

El Gobierno central está elaborando un Real Decreto que modifica la normativa existente en este ámbito del año 97 y que, según la consejera de Salud y Bienestar Social, "mejora algo el procedimiento aunque no incluye las principales ventajas del proyecto andaluz" que permite la desburocratización del sistema y por tanto, el ahorro en consultas, desplazamientos y días de baja.

 

En cuanto a las bajas laborales que se tramitan desde las mutuas, la consejera ha señalado que el nuevo borrador de Real Decreto establece que los médicos derivarán la propuesta de alta al médico de familia y que éste cuenta con un plazo de cuatro días para confirmar o rechazar esta propuesta.

 

En estos casos, el silencio administrativo es estimatorio por lo que el alta se produciría al quinto día, fecha en el que el trabajador tendría que incorporarse de nuevo, algo que puede ocurrir sin confirmación de su médico de familia. Montero ha insistido en que, hasta ahora, la participación de la inspección de los servicios sanitarios, que desaparece en la normativa planteada por el Ministerio de Empleo, garantiza que "prima la salud del trabajador ante el criterio de rendimiento y de eficiencia de la empresa".

 

26/02/2013 10:52 husceladoropina #. sin tema

Escrito a José Luis Costela

José Luis:
Me he llevado una desagradable sorpresa al ver que ha
habido una
reestructuración del servicio y  no se ha contado en absoluto con
nosotros, ni a  mi como miembro del Comité Director se me ha llamado para
informarme del porqué ni del como ni del cuando.
Volvemos a las andadas, este ninguneo es crónico, pensaba ilusamente que
esto desaparecería, pero no. Tenía el convencimiento de que tendríamos voz
y voto en las tomas de decisiones que seríamos una parte del todo
integrado de la unidad del bloque quirúrgico.
Si el ordeno y mando iba a ser la seña de identidad de tu gestión no me
hubiera preocupado en absoluto de ser miembro del Comité.
Comentaré con mis compañeros la dimisión como miembro, así no me merece la
pena, ni creo que en conciencia pueda seguir perteneciendo a dicho Comité.
Por de pronto exigimos que sea retirada la decisión unilateral de
remodelación del servicio, que seamos informados del porqué, que se
negocie el como y el cuando.
Toda la indignación anterior se multiplica exponencialmente cuando
hablando del tema con Rafael Puerma, me comenta que no se sostiene los
pocos pacientes con el número de celadores en los quirófanos y que no
tiene por que consultar conmigo nada sobre las decisiones que tome al
respecto. ¡Que se entiende por pocos paciente/nº celadores?.
Será que esto no va con el nº de celadores en el despacho. (Aunque parezca
demagógico).
Vale ya está todo dicho.
Sin mas, y no es una despedida rutinaria, no esperando nada de ti
Juan Antonio Mora.
27/02/2013 12:51 husceladoropina #. sin tema


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