FUNCIONARIOS

Estimado ciudadano: hace semanas que los funcionarios hacemos manifestaciones y pitadas. Quizás pienses que estamos manipulados por la oposición política o que protestamos por la bajada de nuestros sueldos, pero no es así. Lo que pedimos es que se impida la desastrosa reforma de la Administración andaluza que ha iniciado el Gobierno andaluz, y que va a perjudicar gravemente a todos los ciudadanos, no solo a los funcionarios. Por eso intentamos explicarte qué es lo que está pasando:

Durante años, el Gobierno andaluz ha ido creando un entramado de sociedades mercantiles y fundaciones privadas a las que ha ido transfiriendo las funciones de la Administración. En estas Entidades privadas:

-          se DESPILFARRA el dinero público sin los adecuados controles legales.

-          Se ha ENCHUFADO como laborales a más de 20.000 personas sin tramitar procesos selectivos auténticos en los que pudieran participar todos los ciudadanos en condiciones de igualdad, mérito y capacidad. Mientras tanto, miles de opositores han invertido horas de estudio y de esfuerzo, sin tener la oportunidad de participar en auténticos procesos selectivos competitivos, con pruebas reales de examen.

Se han sustraído funciones públicas a la Administración y a los funcionarios, para dárselas a esos Entes privados y a esos laborales que no han superado verdaderos exámenes competitivos. Y esto es muy grave porque las funciones públicas sólo pueden ser realizadas por los funcionarios porque sólo éstos tienen dos cualidades:

-          Título académico y examen de oposición superado, tal y como exige la Constitución Española, en lugar de un enchufe.

-          Imparcialidad en su trabajo, gracias a su formación técnica y a que su puesto de trabajo (conseguido con gran esfuerzo) es fijo y eso impide al poder político removerlos arbitrariamente si no acatan las decisiones del político de turno. Cuando solicitamos una subvención para un familiar impedido, o queremos adoptar un niño, o acudimos a los servicios públicos de empleo, necesitamos que nos atienda un funcionario imparcial, que no tenga la instrucción de ayudar al que sea simpatizante del poder político o tenga un enchufe.

 

Por lo tanto, gocemos o no de popularidad, nosotros, LOS FUNCIONARIOS, SOMOS LA ÚNICA GARANTÍA PARA TI, CIUDADANO, que necesitas ser atendido por una Administración imparcial.

Pero la historia no termina aquí:

-          El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado varias Sentencias donde prohíbe a la Junta de Andalucía asignar a estas sociedades y fundaciones privadas las funciones públicas que corresponden a los funcionarios.

-          El partido en el poder tiene miedo de perder las próximas elecciones, y que el nuevo partido en el poder despida a todos los enchufados y quite de en medio a todos los cargos que tienen ahí puestos a dedo.

-          El Gobierno andaluz no quiere tener una plantilla de funcionarios formados técnicamente e imparciales, que, cuando se les da una orden ilegal, se opongan a ejecutarla, sino que prefiere tener a esos 20.000 laborales enchufados y sometidos a sus instrucciones.

Por todos estos motivos, el Gobierno andaluz ha decidido crear la figura de las Agencias Públicas, donde pretende integrar a esos 20.000 enchufados, dándoles un puesto de trabajo público y fijo, sin que hayan superado ningún proceso selectivo en competencia con el resto de  los ciudadanos. Además, estas Agencias están diseñadas para reducir el control sobre el gasto público. Este modelo es idéntico a lo que ocurrió en el Ayuntamiento de Marbella en la época del GIL, (los funcionarios eran un obstáculo y cada Concejalía se gestionaba desde un ente instrumental llamado Marbella 2000 Jardines, Marbella 2000 Deportes, etc.). Todos sabemos que dichos entes fueron utilizados para enchufar a mucha gente, comprar votos y gestionar fondos sin pasar por los controles administrativos, lo cual dio lugar al mayor caso de corrupción de la democracia. Aquí, en Andalucía, la Cámara de Cuentas ha denunciado que las contrataciones de las entidades privadas de la Junta de Andalucía se realizan sin publicidad y que la gestión de fondos no está sometida a control alguno.

El Gobierno andaluz sabe perfectamente que esta reestructuración es una aberración inconstitucional, y por eso la hizo con un Decreto a escondidas, sin debate político ni social, y luego firmó un acuerdo con los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, que solo representan los intereses de esos 20.000 enchufados, y que han recibido subvenciones de la Junta de Andalucía por importe de más de 9 millones de euros.

¿Y a quién va a poner el Gobierno andaluz al frente de estas Agencias? En ningún sitio está escrito que los directivos y presidentes de estas Agencias Públicas deban ser personas con titulación académica y experiencia profesional acreditada, así que habrá más de lo mismo: miembros y simpatizantes del partido político y de los sindicatos firmantes de esta reforma, sin mérito ninguno, y con sueldos escandalosos a costa de nuestros impuestos.

Un saludo a todos menos a "UNO".